Aún aguardo la esperanza que en algún crepúsculo matinal amaneceremos sobre un suelo atestado de buenos sentimientos
En un país como el nuestro,
entiéndase “nuestro” en el sentido menos retórico y más
iusinternacionalista posible, ¡urge ya!, diseñar y ejecutar desde la vía
institucional, es decir, desde el Estado y sus instituciones dentro de
su marco normativo-funcional, un efectivo y eficaz proyecto de Política
Criminal, primordialmente preventiva; hago el acuse que este debe ser
perfectamente adecuado a nuestra cruenta realidad, es decir, en él se
deben asumir con sesudo compromiso actitudes frontales ante el fenómeno
del crimen, y esto es función monopólica del Estado pues ostenta el ius
imperium, y debe éste estar enmarcado dentro del esquema estructural
funcionalista de un Estado Constitucional de Derecho moderno y todavía
más, modernizado.
La débil protección de los bienes
jurídicos tutelados como la vida e integridad de la persona,
cuantificadas estas aseveraciones en las estadísticas de criminalidad y
cualificadas en sus efectos perniciosos para la sociedad, han permitido
visibilizar y ensanchar varios de los agujeros negros en donde han
reposado y se han cultivado-reproducido nuestros (des)comunales caos
(que poseen fundamento histórico); la nula o deficiente respuesta
gubernamental ante el fenómeno del crimen ha estimulado o desatado una
serie de respuestas no institucionales (de parte de la población) con
consecuencias por demás infaustas, verbigracia, los linchamientos a
granel en distintos lugares de la República, práctica socialmente
tolerada y poco a poco calificada de normal, por cotidiana.
Actos como estos han sacado a flote
de modo paroxístico varias de nuestras enfermedades sociales, siendo
estas de fácil identificación sintomatológica (pasada, presente y
futura), pero de difícil cura, no por el hecho que no haya medicina,
sino porque ha campeado el desinterés o la falta de visión en prescribir
el tratamiento adecuado y poco a poco cada una de ellas se han ido
tornando en epidemias irrefrenables, pues mutadas las cepas todo se
agrava.
Estudios han demostrado que las
personas linchan pues consideran que es el modo más asequible y legítimo
de resarcir y/o castigar al infractor de las normas jurídicas
prohibitivas o bien, al autor de actos moralmente reprochables
(antropoculturalmente) que son causa directa de este tipo de reacciones
deshumanizantes, en manifiesta desconfianza al sistema constituido, que
se menoscaba y acelera su trunque.
Ante un fenómeno social como el de
los linchamientos, las instituciones legalmente facultadas para actuar
dentro del proceso de persecución penal se debilitan grandemente;
fenómenos de este talante son indefectibles indicios de deterioro
social, misma degeneración que incide magnánimamente en la afectación de
la mayoría de los campos de actividad humana de asociación-relación:
económico-productivo, económico-intercambio, económico-social, laboral,
escolar, intelectual, académico, profesional, etcétera.
Un correcto diseño de política
criminal, fabricado acá, no importado, erogaría sumos beneficios para la
consecución de la tan anhelada Paz Social; paz que florece de las
necesidades materiales satisfechas, del acceso real a los servicios
sociales fundamentales, de la igualdad de oportunidades de desarrollo,
de un orden social ordenado, valga la redundancia, y de prácticas
gubernamentales tendientes al Bien Común que debe verse reflejado en el
bienestar individual. Una sociedad pacífica es una sociedad próspera que
se catapulta inminentemente hacia el desarrollo.
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